La presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Congreso, Norma Alicia Popoca Sotelo, llamó a la presidenta del Sistema DIF Morelos, Elena Cepeda, a terminar con las confrontaciones políticas que mantiene con los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y privilegiar la reparación del daño de los ciudadanos.
Popoca Sotelo, quien previamente impulsó un exhorto al Poder Ejecutivo para que informe y transparente el uso del Fondo de casi 30 millones para la reparación del delito, acusó que mientras la Comisión Ejecutiva parece inoperante, ahora se ha sumergido en polémicas que tienen una motivación política.
Es que Cepeda de León cuestionó públicamente la distracción de los recursos de la Comisión Ejecutiva, para el pago de salarios de los Comisionados que -a su parecer- deberían ser honorarios.
La legisladora del PAN deploró que en medio de los debates, hasta el momento solo se ha informado sobre la reparación del daño a una sola víctima en la entidad, por un monto de 600 mil pesos, mientras el resto de los recursos del Fondo, siguen congelados y sin ser transparentados, incluso ante la suspicacia de algunos actores políticos que especulan que el dinero ya no existe dentro de las arcas estatales.
“No se trata de si les pagan o no les pagan (a los comisionados), ahorita ya hay derechos adquiridos, ya hay una función, hay un procedimiento en el que fueron designadas, no puede ser que de un plumazo se les borre, me parece que se tiene que ser muy prudentes, pero dejar las reglas claras”, dijo.
En paralelo, el coordinador parlamentario del PT, Edwin Brito Brito, quien forma parte de la Comisión Ejecutiva como representante del Poder Legislativo, también reclamó la reparación del daño a las víctimas, como una de las funciones que motivaron la creación de esta dependencia.
Brito Brito sostuvo que no existe una justificación válida, para que a tantos meses de la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la dotación de recursos para su Fondo, este permanezca atorado y sin poder resolver los problemas que impiden que las víctimas accedan a los recursos presupuestados para la reparación de delito.
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