La Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción mantiene sus prácticas dilatorias para que la justicia no alcance al ex gobernador Graco Ramírez Garrido.
Ayer miércoles, la jueza especializada de control, Alejandra Trejo Reséndiz, debía pronunciarse sobre si admite o rechaza el acuerdo de no ejercicio de la acción penal contra el ex mandatario, que la Fiscalía que encabeza Juan Salazar Núñez, dictó para favorecerlo.
La Fiscalía dictó dicho acuerdo al considerar que el ex gobernante no cometió ningún delito al solicitar al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (ICSTGEM) un préstamo por 600 mil pesos para comprarse una camioneta de lujo, a pesar de que la Ley no lo consideraba como beneficiario del Instituto.
Por ese motivo, la actual administración, a través de la titular del ICSTGEM promovió una denuncia penal en su contra por ejercicio abusivo de funciones, al que la Fiscalía ha dado largas en varios momentos, llegando al punto de emitir el acuerdo señalado.
Dicha acción de la Fiscalía Anticorrupción fue considerada por los asesores jurídicos del Instituto como un exceso y presentaron la queja ante el juzgado especializado de control.
La respuesta de la titular del juzgado sería conocida ayer, en audiencia citada a las 9:00, pero fue diferida para el próximo 11 de septiembre, porque supuestamente la Fiscalía omitió notificar a la defensa del acusado del acuerdo que lo favorece.
El abogado Juan Gabriel Vargas Téllez alegó eso ante la jueza y fue suficiente para dilatar más el desahogo del asunto.
En caso de que la juzgadora considere que sí hay elementos del delito que se presume en contra del ex mandatario, el señalamiento podría avanzar; en caso contrario, la Fiscalía Anticorrupción habría conseguido su cometido de protegerlo.
Antecedentes
Nueve días antes de dejar el cargo de Gobernador, Graco Ramírez Garrido Abreu se otorgó un préstamo del Instituto de Crédito para los Trabajadores del Estado por 600 mil pesos para comprarse una camioneta Chevrolet Traverse.
El crédito fue autorizado por el entonces secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, y también fungió como aval del mandatario morelense.
El prestamo aprobado está a nombre de Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, con clave G.O.B. a una tasa del 10% por la cantidad de 600 mil pesos que debería pagar en un plazo de 96 quincenas o 48 meses, con un interés global de 95 mil 633.13 pesos y un fondo de reserva de 39 mil 053.91, con lo que en total, el saldo del mandatario es de 734 mil 687.04 pesos.
Autoridades indicaron que los créditos sólo están autorizados para empleados del estado de cierto nivel y excluían al entonces Gobernador, el cual, abusando de su poder y a nueve días de dejar el cargo, compró con dinero de los morelenses un auto de lujo, que no utilizó para el servicio público sino para fines personales, por lo que fue denunciado.
ANTONIETA SÁNCHEZ / antonieta.sanchez@diariodemorelos.com