La SCJN frenó el fondo que beneficiaba sólo a municipios gobernados por familiares de legisladores.
Los ministros de la 2ª Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendieron ayer el Fondo de Infraestructura Regional Municipal, creado por los diputados del G-15 del Congreso y con el que beneficiaron con recursos extraordinarios a los municipios gobernados por sus partidos políticos, e incluso, por sus familiares.
La suspensión implica que la Secretaría de Hacienda ya no está obligada a seguir ministrando los recursos a los municipios, de forma mensual, tal como fue establecido por los legisladores en el decreto 579 por el que aprobaron el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2023.
Como se recordará, en dicho decreto, los diputados incluyeron en los artículos 33º Bis y 33º Ter la creación del Fondo, y en los anexos 11-A y 11-B la forma en la que serían distribuidos, privilegiando principalmente a los municipios de Yecapixtla, Yautepec y Cuernavaca, así como las condicionantes en las que la Secretaría de Hacienda debía ministrar el recurso.
Con la controversia constitucional con la que el Poder Ejecutivo impugnó el decreto y solicitó la invalidez del Fondo, dotado de más de 500 mdp, también requirió la invalidez de la invalidez de la facultad del jefe del Ejecutivo para transferir recursos a diferentes rubros, cuando sea necesario.
Tras la decisión de los ministros de la 2ª Sala de la SCJN de revocar el incidente de suspensión de la controversia, que fue negada en una primera instancia, el secretario de Gobierno, Samuel Salgado Sotelo, indicó que el Ejecutivo esperara la notificación del acuerdo que fue aprobado para conocer los alcances de éste.
“Esperamos la notificación para ver cuáles son los efectos que contenga”, dijo y agregó que concretamente se espera que sea otorgada la suspensión de la ministración de los recursos, hasta en tanto se resuelva de fondo la controversia, en la que se pidió de plano su invalidez.
Luego de que en primera instancia la Corte no concedió la suspensión de las ministraciones, varios municipios iniciaron el ejercicio de éstos en algunas de las obras enlistadas en los Anexos 11-A y 11-B, incluso varios legisladores acudieron al “arranque” de varios de los proyectos.
Ante la controversia de los recursos y la posibilidad de que la Corte otorgue la razón al Ejecutivo, en el sentido de que fue un exceso de los legisladores haberlo creado de forma unilateral y sin considerar la distribución del presupuesto del que fue dotado de forma equitativa entre los 36 municipios del Estado, algunas entidades municipales tomaron previsiones con la creación de fondos alternos de recursos propios para enfrentar la suspensión de las ministraciones, y continuar con las obras iniciadas, se informó.