La propuesta presentada por el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mario Chávez Ortega, a la que se sumaron los 12 legisladores de Cuernavaca, establece: "Como resultado de una de las carpetas de investigación que se sigue en contra del presidente municipal de Cuernavaca, por la presunta omisión de diversos delitos, el pasado jueves 27 de octubre del año en curso, la Fiscalía General del Estado de Morelos, a través de la Coordinación Central de Servicios Periciales, hizo público el tercer dictamen en materia de grafoscopía respecto del contrato que el ahora alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo firmó con el Partido Social Demócrata de Morelos".
El dictamen confirma que la firma plasmada en el contrato es legítima; es decir, que sí pertenece a él, así se hace constar en el oficio de rubro SM-33248, mediante el cual la Fiscalía de Morelos afirma que el ahora alcalde firmó contrato de prestación de servicios, así como cuatro cartas compromiso y un manifiesto del Partido Social Demócrata, instituto político que habría pagado 7 millones de pesos para postularlo como candidato a la alcaldía de Cuernavaca.
De comprobarse estos hechos, dijo el diputado, el edil capitalino podría incurrir en diversos delitos de carácter federal y local; en el caso de los primeros, la "Ley General en Materia de Delitos Electorales establece en su artículo 15 que se impondrán entre mil y cinco mil días multa, y de cinco a 15 años de prisión a quien por sí o por interpósita persona, realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política, cuando exista una prohibición legal para ello, cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito o en montos que rebasen los permitidos por la ley".
La pena prevista en el párrafo anterior aumenta hasta 50 por ciento cuando la conducta se realiza en apoyo de una precampaña o campaña electoral. Sin dejar de lado los procedimientos administrativos que de oficio iniciara el Instituto Nacional Electoral, a través de su Unidad de Fiscalización, que de encontrar elementos dará vista a la Procuraduría General de la Republica a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Para el caso de los delitos del orden local, el Código Penal para el Estado de Morelos establece las sanciones para quien incurra en falsedad de declaración y extorsión.
En la discusión, el diputado Francisco Santillán Arredondo dijo que a 10 meses de que inició su gestión, "Blanco Bravo ha sido el peor alcalde de la historia, porque tiene a la ciudad abandonada y sumida en la ola de corrupción, tras los 45 cambios que ha hecho en su gabinete".
Por su parte, Francisco Moreno Merino reconoció que es evidente la comisión de un delito en este caso y expuso que "no se resuelve a patadas ni con 'cuauhtemiñas', de tal suerte que si el alcalde cometió un ilícito, que se separe de su cargo, y si no, que lo aclare".
Finalmente, Jaime Álvarez aseguró que el alcalde cometió una violación grave al Código Electoral, luego de referir que el voto hacia el deportista se dio por el hartazgo y la rabia de la gente hacia los distintos partidos políticos.
Por ello, indicó que es necesario poner candados para evitar que en 2018 vuelva a suceder una situación de esta naturaleza, a fin de poner un alto al "oportunismo político".
Este punto de acuerdo fue avalado por 18 diputados y la abstención del diputado Esaú Efraín Mondragón, del partido Encuentro Social, y el voto en contra de Jesús Escamilla, del partido Humanista.