En una presentación ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), la titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis reconoció que los derechos de las comunidades indígenas no siempre son respetados.
En su intervención, dijo que la oficina que preside viene a cumplir con una deuda que en materia de derechos humanos tenía el Estado Mexicano, con los pueblos indígenas al adecuar el sistema de justicia electoral a las condiciones particulares de las zonas indígenas de México y Morelos.
Janine Otálora refirió que entre otras funciones, la Defensoría, podría ayudar a los municipios indígenas a transitar, en caso de que así lo deseen, del sistema de partidos, a sus sistemas normativos particulares, de usos y costumbres .
En este temor expuso que la Defensoría Pública requiere del apoyo de todos los organismos electorales, pero sobre todo de las comunidades indígenas para fortalecerse, condición a la que ayuda la autonomía e independencia de su funcionamiento, y a pesar de depender administrativamente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Frente a consejeros electorales y representantes de comunidades indígenas, Otálora Malassis, destacó la gratuidad total de los servicios que ofrece la Defensoría; el marco jurídico que sustenta los lineamientos de trabajo del órgano, facultado para actuar en casos de violación de los derechos electorales de las comunidades indígenas.
La Defensoría cuenta con un titular, cinco defensores públicos seleccionados por concurso de méritos y conocimientos, a los que se sumarán habilitados designados por el mismo procedimiento a través de un padrón de defensores, con la búsqueda de lograr el respeto a las derechos indígenas con una perspectiva de conciliación, para evitar la judicialización en la medida de lo posible.
La Defensoría también ayudará a quienes se consideren indígenas y que encuentren violaciones de partidos políticos a sus derechos políticos y electorales, en estos casos, no habrá mediación.
El derecho a votar y ser votado, a participar en los procesos electorales en igualdad de condiciones, afiliarse libremente a partidos políticos, pedir información en materia político electoral, y poder desempeñar el cargo para el que fue electo; son los derechos electorales que protegerá la Defensoría, expuso Otálora Malassis.
Además resaltó que la Defensoría Pública no podrá intervenir en casos de que exista ayuda pública o privada; cuando los solicitantes sean autoridades; cuando a consideración de la Defensoría se considere que se trata de asuntos fuera de su competencia; y cuando los servicios ya hayan sido otorgados a quien llegó en primer término.
En tanto la consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Ana Isabel León Trueba, hizo un recuento de los procesos jurídicos para alcanzar el reconocimiento de los pueblos indígenas y la deuda que aún se tiene con este sector.
En la presentación, estuvieron también las consejeras electorales Xitlali Gómez Terán y Claudia Ortiz; así como los consejeros electorales Ubléster Damián Bermúdez, Carlos Uribe Juárez y Jesús Meza Téllo; así como el secretario Ejecutivo del órgano electoral Erick Santiago Romero Benítez; el magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral, Carlos Alberto Puig Hernández; y el vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE, Dagoberto Santos Trigo.