A esta constructora se le ha hecho partícipe de numerosos proyectos estatales, entre los que destacan, la adecuación de los terrenos aledaños a la gigafabábrica que Tesla planea construir en el municipio de Santa Catarina, así como otros trabajos de infraestructura en el estado, por los que obtuvo millonarios contratos.

Sin embargo, el involucramiento de la compañía en la ampliación de la carretera a Colombia, concretamente en un tramo ubicado en el municipio de Anáhuac, es la licitación que mayor polémica ha levantado en las últimas fechas.

Fue en este lugar donde un comando secuestró, con lujo de violencia, a 12 trabajadores de la compañía, a quienes mantuvo privados de la libertad durante 24 horas.

La cercanía del gobernador Samuel García con el apoderado de Urbanizaciones AGV, Vicente Flores García, reviven el interés por explorar los vínculos entre el Gobierno del estado y la constructora, así como los verdaderos motivos que pudo tener el crimen organizado para amedrentar a los obreros que laboraban en este lugar.

La ‘favorita’ de Samuel

El lazo que une a García con Flores Ancira es conocido desde hace tiempo.

Durante los últimos años, han salido a la luz imágenes en donde se observa al gobernador emecista en compañía del apoderado de Urbanizaciones AGV y CKT Edificaciones, empresa secundaria que también ha sido beneficiada por el Gobierno estatal.

Las fotografías muestran a ambos en destinos turísticos como La Habana y Playa del Carmen, siempre acompañados por un nutrido séquito de amigos.

La amistad entre García Sepúlveda y Flores Ancira resultó ser prolífica en cuestión de negocios; en diciembre del año pasado, Urbanizaciones AGV recibió una de las licitaciones estatales para preparar los terrenos que ocupará Tesla en Nuevo León, concretamente la ampliación del segundo tramo de la carretera federal Saltillo-Monterrey, obra por la que la empresa recibirá 65 millones 140 mil pesos.

De la misma forma, y de acuerdo con el acta de fallo del concurso SMPU-LP-031/2022, el Gobierno estatal otorgó a Urbanizaciones AGV y Edificaciones CKT un contrato para la ampliación de 4.70 kilómetros de la Carretera Monterrey-Colombia, en el municipio de Anáhuac.

El monto del contrato, asignado por la Secretaría de Movilidad, que preside Hernán Villarreal, es por 128 millones 166 mil 366 pesos.

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Nuevo León, el estado no podrá contratar a consejeros independientes para que realicen actividades comerciales si estos mantienen una relación con servidores públicos de la administración.

Los documentos que unen a las empresas apoderadas de Flores Ancira con el Gobierno del estado, que son de dominio público, pueden visualizarse en el Portal de Transparencia sin que hasta ahora ninguna autoridad los haya señalado o perseguido.

Es precisamente en el tramo donde ambas empresas realizan los trabajos de modernización de la carretera Monterrey-Colombia, entre los kilómetros 212 y 217 de la vía, en donde los trabajadores plagiados de Urbanizaciones AGV se encontraban laborando de guardia.

¿Secuestro…o aviso?

La mañana del lunes 22 de abril, Nuevo León despertó con la noticia del secuestro de 12 trabajadores, escenario que encendió alarmas no sólo por la naturaleza de los hechos, sino por la aparente repetición de los llamados plagios masivos que trascendieron en municipios como Ciénega de Flores y Salinas Victoria menos de un mes antes.

Los hechos ocurrieron en la zona centro del municipio de Anáhuac, concretamente en la calle Hidalgo, en tanto que el reporte se recibió a las 9:00 horas en la central de radio de Seguridad Pública del municipio.

A pesar de la liberación de los trabajadores, el hecho no sólo despertó la suspicacia de la ciudadanía, sino de las propias autoridades judiciales de Nuevo León.

Pedro Arce Jardón, encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia, afirmó que, contrario a las ejecuciones, los secuestros masivos se realizan con la finalidad de obtener información relacionada al narcomenudeo entre grupos rivales del crimen organizado.

“Quienes son privados (de su libertad) nos dan cuenta de ello; son temas relacionados, preguntan por algunas personas que tienen identificados de grupos rivales de la delincuencia y puntos de venta”, aseguró el mando judicial.

Con el plagio de los 12 trabajadores en Anáhuac, se contabiliza un total de hasta 44 personas privadas de su libertad, tomando en cuenta los casos de Salinas Victoria y Ciénega de Flores.

Las autoridades estatales mantienen abierta una carpeta de investigación para establecer el móvil del secuestro e identificar a los responsables, así como para determinar si el plagio se realizó directamente en contra de la empresa o, incluso, para enviar algún tipo de ‘mensaje’ a la administración de Samuel García.